Están en plena vigencia renovadas medidas en materia de Tránsito y Transporte.
A costa de renuncias a la libertad, se procura acentuar las precauciones que el Estado diseña para atajar la deplorable situación dada en rutas y caminos.
Las nuevas multas intentan corregir imprudencias e irresponsabilidades.
Quizá, los que deben reflexionar son los que engendraron las disposiciones ya vigentes. Castigar al motociclista que no porta casco; al conductor que no usa cinturón de seguridad; al que utiliza un celular, etc. son caminos equivocados de prevención. Se trata más bien de avances del estatismo sobre las libertades. Son riesgosos atropellos que dejan de lado toda práctica disuasiva abriéndole las fauces a los recaudadores.
De por sí, conceptualmente, toda estrategia punitiva basada en multas está castigando con inequidad a los que menos pueden. Y se triplicaron los castigos.
Probablemente, de mantenerse el criterio de multar, sería mucho más justo hacerlo en proporción al valor del vehículo con el que se comete la falta. Será razonable penar al irresponsable acortándole la habilitación para el uso o la explotación de un bien.
Imponer multas es suponer que la sociedad cuenta con una adecuada distribución de riqueza. Y eso está cada vez más lejos de cumplirse.
Esperemos que llegue pronto el tiempo en que quienes están convocados a legislar actúen estudiando y asesorándose. Y, sobre todo, se impongan solidariamente el salvar a nuestra pobre democracia.
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